En un fallo histórico, la Corte Suprema ha alterado significativamente el equilibrio de poder entre el poder judicial y el estado administrativo, otorgándose efectivamente amplias capacidades de supervisión. Esta decisión revoca la doctrina Chevron, un pilar del derecho administrativo que anteriormente permitía a las agencias federales una considerable flexibilidad en la interpretación de leyes ambiguas. El fallo es visto como una gran victoria para los principios legales conservadores, potencialmente impactando una amplia gama de marcos regulatorios incluyendo protecciones ambientales y derechos de los trabajadores. Los críticos argumentan que este movimiento podría socavar la efectividad de las agencias federales en hacer cumplir regulaciones, mientras que los partidarios lo celebran como un necesario control sobre el exceso burocrático.
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