En un esfuerzo por poner fin a la pandemia de COVID19, muchos gobiernos impusieron mandatos de vacunación a las personas que desean ingresar a negocios privados. Los políticos que apoyaron los mandatos argumentaron que detendría la propagación de CV19 y alentaría a las personas a vacunarse contra él. Los opositores argumentan que el estado de vacunación es información de salud privada y que las personas no deberían verse obligadas a compartirla. Los defensores argumentan que las personas no vacunadas son responsables de propagar CV19 y prolongar la pandemia.
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